La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una investigación a través de denuncias en las correspondientes unidades de la Guardia Civil con el objetivo de localizar a los autores de la vandalización de siete radares ubicados en diferentes carreteras convencionales (dos en la Comunidad de Madrid, dos en Castilla-La Mancha, dos en Castilla y León y uno en la Comunidad Valenciana) y emprender así acciones legales contra ellos.
Según la DGT, estos actos vandálicos, además del delito en sí mismo de atentar contra un bien público, afectan también a la seguridad vial que es el fin último que persiguen los puntos de control de velocidad que están ubicados por toda la geografía española. Los autores de los hechos deberán también responder por el coste económico de cada punto de control que, en el caso de los radares fijos asciende a unos 67.000 euros y en el de los de tramo a unos 66.000 euros.
Tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como los de Seguridad Ciudadana reforzarán la vigilancia en los puntos en los que están instalados los radares para evitar que se produzcan este tipo de actos. Además, se han colocado cámaras de vigilancia en los mismos directamente conectadas con los Centros de Gestión de la DGT con el fin de detectar posibles sabotajes y permitir la actuación inmediata de las patrullas de la Guardia Civil.
