La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, defendió esta semana que el plazo que el Ejecutivo dará en España a la industria del automóvil y a los ciudadanos para transitar de los vehículos de combustión al vehículo eléctrico es mayor que en otros países europeos y que ya trabaja “muy estrechamente” con la industria del motor.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz afirmó que ésta es una “política de Estado” para el Gobierno, quien tiene “la obligación de dar un importante impulso a las energías renovables y apoyar a la industria de la automoción para una transición ordenada que sustituye, en plazos razonables, los vehículos de combustión por otros más ecológicos que cumplan con los compromisos del cambio climático”.
En concreto, el Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley en el que prevé la prohibición de la fabricación de vehículos de combustión a partir de 2040 y su uso a partir de 2050. En este sentido, la portavoz defendió que “en otros países europeos los plazos son más cortos”.
Por otro lado, Celaá aseguró que “ni los ciudadanos ni la industria de la automoción van a estar sólos en este proceso”. “El Gobierno es consciente de la vital importancia del procedimiento y está colaborando muy estrechamente con la industria del motor, una industria muy ejemplar que ya busca la movilidad del futuro lejos de la contaminación actual”, declaró la portavoz.
Por último, Celaá insistió en que esta política “forma parte sustancial de la nueva Ley de Cambio Climático” y que tiene como objetivo “preservar la salud de los ciudadanos y la calidad del aire de nuestras ciudades”, por lo que, al considerarlo “asunto de Estado”, deseó “poder contar con la aquiescencia del resto de las fuerzas políticas”.
