La Comisión Europea ha presentado un paquete de medidas para aliviar la presión sobre la industria automotriz ante la ralentización de la demanda de vehículos eléctricos, la creciente competencia internacional y los aranceles de Estados Unidos. Entre las propuestas destaca la flexibilización del veto a la venta de coches nuevos con emisiones de CO2 previsto para 2035.
El Ejecutivo comunitario plantea que hasta un 10 % del volumen total de CO2 de las flotas nuevas de cada fabricante pueda compensarse mediante reducciones en la cadena de valor. Para acceder a esta flexibilidad, los fabricantes deberán obtener “créditos” mediante el uso de acero bajo en carbono europeo, biocombustibles y combustibles sintéticos. Además, Bruselas permitirá que los híbridos enchufables y los eléctricos con motor de combustión como generador sigan comercializándose después de 2035.
El vicepresidente de la Comisión responsable de Industria, Stéphane Séjourné, subrayó que se mantiene “el principio de neutralidad tecnológica” y confió en la capacidad de la industria para encontrar soluciones de descarbonización. Por su parte, el comisario de Transportes, Apóstolos Tzitzikostas, señaló que alrededor del 35 % de los vehículos seguirán siendo de combustión, híbridos o de otras tecnologías.
El ajuste requiere ahora negociación con el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE y coincide con las demandas de Alemania e Italia, mientras que España defiende mantener el veto de 2035. La propuesta incluye medidas adicionales, como la revisión de los objetivos de emisiones para furgonetas y camiones, incentivos para flotas profesionales y el desarrollo de pequeños coches eléctricos asequibles producidos en Europa, con permisos especiales y exenciones normativas durante diez años.
La Comisión también presentó un plan de 1.800 millones de euros para reforzar la industria europea de baterías, con financiación, acceso a materias primas y fomento del contenido local, así como la simplificación de la burocracia, que se espera ahorre a la industria 700 millones de euros al año.
El canciller alemán, Friedrich Merz, celebró la propuesta, destacando que “una mayor apertura a diversas tecnologías y más flexibilidad son los pasos adecuados para compaginar metas climáticas, realidad del mercado y empleo”.
Sin embargo, la iniciativa ha recibido críticas de organizaciones ecologistas. Greenpeace acusó a la Comisión de suavizar sus compromisos para eliminar progresivamente los coches de gasolina y diésel, advirtiendo que la medida podría beneficiar a fabricantes chinos y poner en riesgo millones de empleos y la calidad del aire en Europa.
